Aunque la nación africana aprobó su Ley de Personas con Discapacidad en el año 1992, que establece que la discriminación de las personas con discapacidad es ilegal, estas organizaciones denuncian vacíos legales en lo que se refiere a promoción y protección de los derechos de los discapacitados.

En Zimbabwe la discapacidad sigue considerándose un problema social y médico que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y del Ministerio de Sanidad, pero las asociaciones reivindican que estos temas se consideren una cuestión de derechos humanos.

De estemodo, el ejecutivo tendría la responsabilidad directa de eliminar las barreras físicas y sociales que impiden o dificultan la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y de garantizar que cuentan con los mismos derechos y oportunidades que otros miembros de la sociedad.

Asimismo, las organizaciones de discapacitados de Zimbabwe subrayan que la adopción de una política nacional en materia de discapacidad es la única vía para lograr que cada ministerio adopte las medidas correspondientes a su área para garantizar la accesibilidad y la integración de este colectivo, y la cooperación interministerial orientada a la consecución de este fin.