Según estos colectivos, que incluyen desde asociaciones de mujeres o juveniles hasta de minusválidos o enfermos crónicos, la actitud del Gobierno cántabro, presidido por Juan Hormaechea, está provocando el paro técnico de algunas actividades, el endeudamiento de todas las organizaciones y amenazando el cierre de servicios y centros especializados por falta de financiación.

El Gobierno regional tampoco ha renovado los convenios de colaboación para el mantenimiento de centros y servicios sociales y se desconoce la cuantía de las ayudas previstas. "Se carece de política, en cuanto a Servicios Sociales, en el presente y para el futuro", aseguran los colectivos.

El conjunto de organizaciones "mantendrá una postura abierta al diálogo y a la colaboración, pero no renunciará a los derechos reconocidos en la normativa legal vigente y procurará, con la fuerza que proporciona lo que es justo, que lo alcanzado no se deteriore, destruya o desapaezca".

"Por supuesto", añaden, "sin olvidar la realidad económico- financiera por la que atraviesa la Comunidad Autónoma de Cantabria".