La opinión positiva la dio la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE). Su secretario de Relaciones Institucionales, Rafael Martín, declaró a Servimedia que el acuerdo representa un "avance sustancial", porque "al fin quedará claro que somos personal laboral docente y que nuestra empleadora es la Administración, y no la Iglesia".

Martín señaló que el acuerdo beneficiará sobre todo a los profesores de Primaria, dado que los de Secudaria ya tenían equiparado su salario con los de los profesores interinos.

No obstante, el responsable de APPRECE dijo que le habría gustado que el aumento salarial previsto de 40.000 pesetas fuera ya completo en 1999 o al menos en dos años, y no dejarlo para un incremento progresivo en un plazo máximo de cuatro años, como se ha decidido.

También añadió que es una lástima que el convenio no haya hecho fijos a los profesores, "ahora que se intenta fomentar por todas partes los contratos indefinido".

Martín pidió al Gobierno que muestre un nuevo gesto de buena voluntad y amplíe las mensualidades pendientes de pago a septiembre del año pasado, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, en lugar de dejarlo a fecha de 1 de enero de 1999.

CAMPANAS AL VUELO

Una visión totalmente contraria a la de APPRECE la ofreció la Federación Española de Profesores de Enseñantes Religiosos (FEPER). Su presidente, Luis Guridi, manifestó a esta agencia que su organización "no se siente identificada en asoluto con este convenio, ni en el fondo ni en la forma".

Aseguró que la federación no ha sido consultada por ninguna de las dos partes durante las negociaciones y sólo ahora que se ha firmado, el Ministerio de Educación les comunicó hoy su disposición a discutirlo.

Respecto al contenido del acuerdo, Guridi pidió al Gobierno y a la Iglesia "que no tiren tantas campanas al vuelo ante la prensa, porque la subida de 40.000 pesetas y la integración en la Seguridad Social de los profesores no son logrs que ellos nos conceden, sino imposiciones de los tribunales, donde hemos ganado decenas de sentencias en esta dirección".

"Han abusado de nuestra buena voluntad, porque saben que no hemos utilizado medidas de presión ni manifestaciones", se quejó el responsable de FEPER.