LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES SE OPONEN AL PROYECTO DE REFORMA DEL ACTUAL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS JUECES
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Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales se oponen al plan de modificación del actual régimen disciplinario, previsto por el Ministerio de Justicia en el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por entender que atenta contra la independencia judicial.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y la Asociación de Fiscales presentaron hoy a los medios de comunicación un proyecto alternativo, que remitieron el paado día 13 al Ministerio de Justicia, en el que además plantean el sistema de oposiciones como el mejor para la selección y nombramiento de jueces y proponen la reducción de los jueces interinos a las situaciones "coyunturales y transitorias".
El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, apeló a las asociaciones para lograr un acuerdo en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo que su gabinete ha iniciado una serie de conversaciones con los representantes de los jueces para abordar a modificación de la ley.
Aunque la opinión de las asociaciones es testimonial, ya que no incide en la aprobación de la reforma legislativa, éstas anunciaron que su propuesta sobre sanciones disciplinarias "es innegociable" y que no aceptarán la modificación tal y como se contempla en el borrador elaborado por Justicia.
Según las asociaciones, el proyecto ministerial atribuye funciones sancionadoras a órganos administrativos y gubernativos, como las salas de gobierno de los altos tribunales de Juticia y el CGPJ, que tendrán facultades para examinar resoluciones judiciales que puedan contener manifestaciones injuriosas contra terceros o supongan una extralimitación de funciones.
A su juicio, la revisión de sentencias y la sanción a los jueces debe corresponder exclusivamente a los tribunales, ya sea por vía de recurso o mediante denuncia del afectado ante un órgano jurisdiccional superior. Lo contrario es, para las asociaciones, "un ataque frontal al Estado de Derecho y a la independencia judiial".
Las asociaciones estiman asimismo que el borrador de Justicia carece de concreción en la tipificación de las sanciones y se excede en el incremento de las multas, que se elevan de un máximo de 100.000 pesetas a 500.000, y de los plazos de prescripción de las faltas, que pueden alcanzar los 6 años en los casos más graves, "más allá de lo que se establece incluso en el Código Penal".
En materia de selección de jueces, las asociaciones califican de "fracaso" el ingreso en la carrera judicial mdiante el tercer y cuarto turno, para juristas de reconocido prestigio.
Por ello, defienden que el sistema de oposiciones sigue siendo el más objetivo para garantizar los principios de "intelectualidad, formación, sensibilidad social y conocimientos prácticos", que deben primar en la designación de jueces, y el acceso a la carrera de "personas de todas las ideologías", lo que evita además la politización de la Justicia.
Las asociaciones discrepan también en aspectos relacionados con el régimen desustituciones de jueces y magistrados y destacan la necesidad de reducir la justicia interina a situaciones "coyunturales y transitorias", ya que en la actualidad de los 3.060 jueces existentes, 1.101 lo son interinos.
(SERVIMEDIA)
19 Oct 1993
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