La FAPE y la APM condenaron las detenciones de al menos ocho periodistas practicadas por las fuerzas policiales venezolanas en los días posteriores a los comicios, según los datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Igualmente, condenaron las detenciones de otros cuatro periodistas llevadas a cabo durante la campaña preelectoral.

Estas asociaciones exigieron la liberación de los informadores y repudiaron todas las maniobras realizadas por el régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y sus profesionales que son contrarias al libre ejercicio del periodismo.

Por otra parte, la FAPE se sumó a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) y a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, que en un comunicado reiteraron su preocupación ante la continuación de las detenciones de periodistas y trabajadores de prensa tras el proceso electoral en Venezuela y reclamaron la liberación de los colegas arrestados mientras desarrollaban su trabajo, así como el urgente esclarecimiento de las acusaciones en su contra.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó de que, desde el 28 de julio, varios periodistas fueron arrestados. Se trata de Yousner Alvarado, Deisy Peña, Ana Carolina Guaita, Fernando Chuecos, Gilberto Reina y Paul León, entre otros. También fue arrestada Carmela Longo, liberada unas horas más tarde.

En muchos de estos casos se levantaron contra ellos cargos por incitación al odio y terrorismo, lo cual sienta un peligroso precedente y profundiza la ya grave situación de los trabajadores de los medios de comunicación de toda la región que enfrentan una creciente tendencia a la criminalización de la labor informativa.

En el comunicado hecho público por la FIP y la Fepalc, al que se sumó la FAPE, reiteraron su llamada, a los distintos poderes del Estado venezolano y a sus fuerzas policiales, a garantizar la libertad de expresión y el derecho de los colegas a ejercer su trabajo de forma segura.

Asimismo, estas organizaciones demandaron “la inmediata liberación de los periodistas detenidos con el debido resguardo de sus derechos y garantías consagrados constitucionalmente. Las autoridades deben tomar medidas orientadas a garantizar estos derechos y no a limitarlos mediante maniobras judiciales”.

“Ninguna coyuntura, así como ninguna divergencia entre la política del gobierno y la línea editorial de un medio de comunicación, justifican que se persiga el trabajo periodístico con acusaciones y acciones del tenor de los casos mencionados”, concluyeron