El Ministerio de Igualdad contabilizó 70 mujeres muertas en estas circunstancias el año pasado, aunque otros siete casos continúan pendientes de investigación.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, lamentó que en 2008 se incrementaran "de una manera alarmante este tipo de conductas delictivas, tan censurables, abominables, inaceptables y criticadas en una sociedad moderna, plenamente democrática, plural y respetuosa con el principio de dignidad humana y que cree en la igualdad de sexos".

Para evitar nuevos balances "trágicos" como el de 2008, García insistió en "el aspecto pedagógico: hay que educar a la gente en valores de respeto y tolerancia, y comprometerla desde las edades más tempranas de la vida".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, declaró a Servimedia que "sólo con la respuesta penal no estamos logrando éxitos importantes" en materia de violencia de género.

En este sentido, pidió "respuestas en ámbitos de educación y prevención y, sobre todo, que estas conductas se rechacen socialmente, que no haya ningún tipo de complicidad. Nadie tiene que ser cómplice, salvo del apoyo a las personas que sufren".

Por último, María Jesús Alarcón, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, dijo a esta agencia que "el problema de la violencia de género no se resuelve con un endurecimiento de las penas, sino que es más profundo, un problema de educación y de formación".

"La ley integral contra la violencia de género nació con unas expectavias maravillosas, pero con un excesivo énfasis en el ámbito penal y no en otros aspectos fundamentales, como la educación, la formación y la publicidad. El Derecho Penal es represivo y tenemos que buscar medidas preventivas", agregó.