Mientras unas piensan que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces para todo, incluida la potestad de autorizar o no la huelga, otras consideran que esa atribución se escapa a las competencias del poder judicial y que debe ser el Tribunal Constitucional el que decida.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que secunda la huelga del 18 de febrero, defendió que el Tribunal Constitucional sólo puede actuar por la vía del recurso de amparo o de inconstitucionalidad.

Por ello, plantea que sólo podría decidir sobre el asunto si previamente un organo cómo el CGPJ prohíbe la huelga. "Si el CGPJ prohíbe a los jueces que vayamos a la huelga, porque yo considero que es a quien compete, entonces tendríamos que recurrir esta decisión al Constitucional", explicó.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, es de la opinión de que el que tiene que decidir sobre el derecho de huelga de los jueces es el Tribunal Constitucional. Desde su punto de vista, "el CGPJ no tiene facultades ni competencias ni para reconocer ni para dejar de reconocer un derecho".