Montserrat Coma, portavoz de Jueces para la Democracia, manifestó a Servimedia que el Gobierno ha incurrido en un "incumplimiento legal de las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Según Comas, dicho reglamento obliga a que "el Consejo General del Poder Judicial informe de forma previa a que sean remitidas a las Cortes" sobre " todos aquellos anteproyectos de leyes que afecten a aspectos constitucionales de la tutela efectiva ante los tribunales y al ejercicio de los derechos fundamentales".

Por tanto,expresó su conformidad con la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces y consideró que debe subsanarse de forma inmediata "este defecto que podría vulnerar una norma legal".

José Luis Requero, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que "desde el momento en el cual hay aspectos que afectan a la tutela judicial efectiva, parece lógico que se debería haber oído al Consejo General del Poder Judicial", si bien aseguró desconocer qué ocurrió con las leyes anteriores en este sentido.

En cualqier caso, afirmó que "con independencia de eso, parece razonable que, habiendo una parte, que es el acceso a la tutela judicial efectiva y a la oportunidad de prestación de asistencia jurídica gratuita, debería haberse oído al Consejo".

El portavoz de la APM consideró que el hecho de no consultar al máximo órgano de gobierno de los jueces puede tener como consecuencia "un vicio en la tramitación de la ley, un defecto legal en el modo de tramitar el proyecto".