Según Cajuma, con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, el Gobierno esta incumpliendo la Ley de Clases Pasivas, la propia Constitución y el Tratado de la Comunidad Económica Europea y sus directrices en materia de pensiones.

A jucio de esta confederación, "el nivel mínimo para las pensiones en la Comunidad es el correspondiente al salario mínimo interprofesional".

Por el contrario, manifestaron los jubilados, "gran parte de los pensionistas españoles están muy por debajo de ese límite: el mínimo reconocido a los jubilados menores de 65 años para 1992 se fija en 46.395 pesetas al mes si tiene cónyuge y 45.006 pesetas si no lo tiene.

Para los mayores de 65 años, la pensión mensual queda establecida en 53.020 pesetas con cóyuge, y 45.060 en caso contrario.

Además, afirmó Cajume, las pensiones de viudedad en el ámbito comunitario oscilaron entre el 90 y el 100 por ciento de la consolidada por el cónyuge, mientras que en España queda habitualmente entre el 45 y el 50 por ciento.

De esta forma, una persona viuda de menos de 60 años cobrará el próximo año unas 30.000 pesetas mensuales, 39.950 pesetas si tienen entre 60 y 64 años y 45.060 pesetas si superan los 65 años.

La Cajuma informó también que el Gobierno ha stablecido un trato discriminatorio con respecto a los funcionarios jubilados con anterioridad al 1 de enero de 1985, puesto que sólo perciben la mitad de pensión que los jubilados con posteridad a esa fecha, en tanto que mantiene unos topes máximos para las pensiones que merman la capacidad adquisitiva de sus perceptores.

Con el fin de ser coherente con la entrada en vigor del Acta Unica Europea, Cajuma solicitó al Gobierno que enmendara esas desigualdades que convierten a los pensionistas españoles,a juicio de la asociación, "en una bolsa tercermundista respecto a la Comunidad Europea".