El portavoz de la Asociación de Trabajdores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Mouneim Azagrar, afirmó que esta situación afecta "no sólo a los inmigrantes ilegales que vienen a España en pateras u otro método, sino también a los que llevan aquí bastantes años y caen en la ilegalidad por la denegación de la renovación de sus permisos de trabajo y residencia".

Azagrar afirmó que en España siempre ha habido ilegales a los que se expulsa, pero "no es normal y justo que a inmigrantes legales se les lleve a una situación de ilegalidad pra echarles del país".

EXISTE MIEDO

Aseguró que los aproximadamente 67.000 marroquíes que viven en España con sus papeles en regla cada vez tienen más miedo a que les quiten sus permisos de estancia.

A su juicio, es una "barbaridad" que se deniegue la renovación del permiso de residencia a personas que llevan trabajando en el país cinco años cuando durante el sexto año no trabajan un mínimo de seis meses. "No tienen en cuenta el tiempo que llevan en España ni la situación familiar", señaló.

Azagrar dijo que esta situación es consecuencia de la aplicación estricta, rígida e inflexible del Reglamento de la Ley de Extranjería. Asimismo, declaró que la política migratoria no es un problema de la sociedad, sino del Gobierno.

Para Azagrar, la tramitación del cupo de permisos, 15.000 en total, a los inmigrantes está funcionando "muy mal y con mucha lentitud" por la falta de coordinación de los tres ministerios implicados, el de Trabajo y Asuntos Sociales, el de Interior y el de Asuntos Exterioes.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (Aeme), Rachid Elhaddadi, se quejó de la inexistencia de una política de inmigración seria. También acusó al Gobierno español de "estar engañando a los inmigrantes, que además comprueban que nadie les hace caso y no cambiará la situación".

Elhaddadi denunció la "falta de tacto" de las autoridades, ya que desde su asociación presentaron unas reivindicaciones hace cuatro meses a la Delegación del Gobierno en la Comuniad de Madrid, al Defensor del Pueblo y al Gobierno central, y "todavía nadie nos ha contestado".