El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, advirtió hoy en rueda de prensa de las negativas consecuencias que la nueva normativa sobre el tabaco tendrá en el sector, aunque señaló que éste se compromete con la salud pública y la calidad de vida.

Rubio, quien explicó que su asociación ha propuesto a los grupos parlamentarios la presentación de 14 enmiendas a la ley que prohíbe fumar en cualquier establecimiento público, señaló que el sector de la hostelería y de locales de ocio (discotecas, restaurantes, salones...) perdería un 8% de clientela.

"Es literalmente imposible cumplir esta ley tal y como está redactada a día de hoy", dijo Rubio, quien manifestó su esperanza de que se modifique durante su tramitación parlamentaria. "Estamos de acuerdo con el espíritu de la misma, pero no con el modo en que hay que llevarlo a cabo", agregó.

Asimismo, para el responsable de la FEHR, es injusto que el Gobierno traslade a los empresarios una responsabilidad que le compete a la Administración Pública, como es vigilar el cumplimiento de la ley.

Rubio afirmó que en España existen once millones de fumadores y el Gobierno está convirtiendo a los empresarios del sector en "policía y guardián del cumplimiento de la ley". Además, recordó que mientras a una persona que fume en un local público se le puede imponer una multa de 30 euros, al responsable del establecimiento se le puede sancionar hasta con 10.000 euros.

Por su parte, el presidente de la asociación Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO), Dionisio Lara, señaló que el cumplimiento de la ley conlleva numerosas dificultades para los empresarios. "Por ejemplo", dijo, "si los locales deben habilitar zonas para los fumadores (en discotecas un 10% y en restaurantes un 30% del espacio), invadirán salidas de emergencia e incumplirán otros reglamentos de los locales de ocio".

El presidente de ECO, quien advirtió de que la ley "desconoce el sector y por eso es tan mala", instó al Gobierno a aplicar esta norma con unos plazos más regulados, que no afecten al trabajo y a los beneficios de los empresarios.