El CERMI ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso Servimedia, que analiza la situación legal actual en materia de accesibilidad e incluye esta propuesta, que será remitida al Ministerio de Vivienda.

El certificado establecería, con carácter previo a la correspondiente autorización administrativa, el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en todo proyecto de obra, nuevo o de readecuación, que se realice.

Con esta medida, el Comité pretende garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los distintos proyectos de obra, ya que pese que pese a existir normativa suficiente al respecto, las disposiciones en vigor sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas (estatales, autonómicas y municipales), las leyes "son objeto de reiterados incumplimientos debido en gran medida a la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y control", según pone de manifiesto el propio CERMI.

Para evitar estos incumplimientos y mejorar la eficacia de las técnicas de control y vigilancia por parte de los órganos competentes de la normativa existente, las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad proponen introducir algunas modificaciones legales para crear el certificado de accesibilidad.

MODIFICACIONES LEGALES

Las leyes en las que proponen introducir modificaciones son la de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y la de Ordenación de la Edificación (LOE).

En la LISMI se incluiría la obligación de someter los proyectos de construcción al cumplimiento de las prescripciones técnicas que sobre accesibilidad hayan dictado o dicten los organismos competentes.

De esta forma, la LISMI establecería un principio general de adecuación de los proyectos de obra (declaración de conformidad) a los criterios normativos previstos para lograr la accesibilidad universal y la superación de las barreras.

En la LOE se añadiría un nuevo precepto que regularía la creación del certificado, con el objetivo de determinar la conformidad de una obra con las condiciones de accesibilidad fijadas en la normativa correspondiente e indicar que el constructor ha cumplido con la misma en todos sus aspectos.

Según la propuesta, los certificados permitirían "cerciorarse de que las obras realizadas cumplen las exigencias tal y como se expresan en las disposiciones técnicas pertinentes, particularmente, en lo que se refiere a la accesibilidad de personas con discapacidad. La referida declaración de conformidad debería, en todo caso, acompañarse a la solicitud de licencia de obras que se presente ante el órgano municipal competente". Los encargados de emitir el certificado serían los colegios profesionales o los organismos públicos competentes.