Esta es una de las propuestas que ha presentado el CERMI para mejorar el anteproyecto que a finales de 2005 presentó el Ministerio de Economía y Hacienda, que recoge algunas de las demandas del movimiento asociativo de la discapacidad.

La redacción actual prohíbe contratar con aquellas empresas que han sido sancionadas por incumplir la reserva de empleo. Sin embargo, el CERMI propone que la prohibición afecte a aquellas que incumplen la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, independientemente de que hayan sido o no sancionadas por ello.

El Comité considera que habría que actuar de igual manera que ante los casos en los que se incumplen las obligaciones fiscales o de la Seguridad Social. "La normativa vigente", explica, "no exige una sanción firme en estas materias para que exista la prohibición de contratar, sino que se acredite el incumplimiento".

Además, reclama que la penalización también afecte a quienes hayan sido sancionados por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con discapacidad.

También solicita que las prescripciones técnicas se definan obligatoriamente teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos.

Asimismo, el CERMI considera que "todos los procedimientos, servicios, instrumentos y dispositivos relativos a la contratación pública, tales como documentación, medios de información, páginas web, soportes, circuitos, u otros semejantes, deben ser accesibles para las personas con discapacidad".

Otro de los aspectos que plantea es la necesidad de reforzar la importancia de la integración laboral de personas con discapacidad, destacando no sólo la relevancia que debe tener en los criterios de valoración la presencia de personas con discapacidad en las empresas licitadoras, sino también el porcentaje de ellas que son fijas en plantilla.

Algunas de estas medidas se recogen en el anteproyecto que ha elaborado el Ejecutivo, si bien no siempre se les concede la condición de obligatoriedad. El Comité cree, por el contrario, que tendría que reforzarse el carácter obligatorio para garantizar la no discriminación e igualdad de oportunidades para estas personas.

Este es también el caso de la referencia que el anteproyecto hace a la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo, ya que la plantea con carácter potestativo.

El CERMI propone que cada entidad con un volumen de contratación pública anual de, al menos, 20 contratos, reserve la adjudicación de un porcentaje mínimo de un 5% de la cantidad total de los contratos que tramite anualmente a Centros Especiales de Empleo.

Ese porcentaje del 5% de contratos reservados debería suponer, a su vez, al menos un 5% del importe total anual de contratación de ese órgano de contratación.

El Comité quiere que esta medida no tenga carácter potestativo o voluntario, como en la redacción actual, sino que sea obligatoria.