Así lo precisaron, en declaraciones a Servimedia, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; la responsable del Área Jurídica de CECU y experta en seguridad, María Emilia Gómez, y el portavoz de la OCU Manuel Vivas, después de que la Policía Nacional alertara de la proliferación de este tipo de casos y de que esta última organización recibiera varias denuncias detectadas en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco.

A este respecto, aunque reconoció que la OCU “no puede cuantificarlas a nivel nacional”, Vivas subrayó que la “casuística” es “siempre muy parecida”. “Se trata de sacar al vendedor o al comprador de la plataforma de venta, para, luego, a través de un correo electrónico, enviarle un enlace de una presunta entidad bancaria que le pedirá los datos de su tarjeta para formalizar el acuerdo”, precisó, para sentenciar que, si facilita dichos datos, “está perdido”.

La OCU tiene “constancia” de fraudes en este tipo de páginas web protagonizados por un presunto comprador con perfil falso que se interesa en un producto valorado en entre 400 y 1.000 euros y propone continuar la gestión fuera de la aplicación con la “excusa de ahorrarse los gastos” derivados de la utilización de la plataforma.

LA PLATAFORMA, CORRESPONSABLE

Por su parte, el secretario general de Facua puntualizó que no solo se producen estafas relacionadas con ventas de productos de segunda mano, sino “incluso también ventas de productos nuevos”, si bien alertó de la “facilidad” que tienen los ciberdelincuentes para salirse con la suya en las transacciones de artículos de segunda mano.

“Son personas que simulan que están vendiendo un artículo y plantean un pago por adelantado para luego no entregarlo”, sentenció, al tiempo que recordó que, aunque hasta que el producto no llega, no lo cobra la plataforma, "a lo mejor compras un teléfono móvil de segunda mano y te llega un ladrillo dentro del paquete”. "En estos casos, la plataforma web que albergue el producto tiene una corresponsabilidad frente al usuario”, aclaró.

Sánchez dijo entender que dicha plataforma "se está lucrando con la promoción de esos productos o con el hecho de que los usuarios entren a comprar y vender porque, gracias a ello, tiene publicidad o les cobra comisiones", de ahí que, según su criterio, "es corresponsable” y "tiene que asumir la responsabilidad totalmente" ante este tipo de estafas "por el hecho de que tiene ese papel de lucro como intermediario”.

Con el fin de “evitar estafas”, urgió a los consumidores a comprar “exclusivamente” en plataformas que “garanticen” la entrega del producto y “tengan protocolos en los que estén asumiendo que atienden las reclamaciones”.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La responsable del área Jurídica de CECU y experta en seguridad, María Emilia Gómez, admitió que la federación no dispone aún de datos sobre el volumen de reclamaciones en este ámbito que le llegan, si bien, a su entender, “todo hace prever que ocuparán un puesto destacado en la tabla anual” de quejas.

Con todo, para la experta, “conviene aclarar quién compra y quién vende ese producto usado” puesto que si ambos son consumidores, la compraventa "queda fuera de la protección de la normativa de consumo” y el comprador “no podrá exigir, por ejemplo, el derecho a la devolución, sustitución o reembolso si el producto está defectuoso o no se ajusta a lo anunciado”.

Tampoco tendrá derecho a desistir del contrato dentro de los 14 días naturales desde que recibió el producto, o a la garantía legal mínima de un año de la que, desde el 1 de enero de 2022, disponen los productos de segunda mano.

En este contexto, Gómez afirmó que “algunos” vendedores profesionales “simulan” ser particulares para “evitar verse sometidos a una normativa más estricta y, con ello, hurtar de derechos al comprador del producto” y pese a que la normativa europea "exige a los proveedores de un mercado en línea que informen al consumidor en caso de que el tercero que ofrece los productos sea un comerciante o no".

Tras recomendar “fijarse" también en las reseñas que aparecen sobre el vendedor y sobre el producto, "valorando su contenido y apariencia”, recordó que, desde el 28 de mayo de 2022, estas deben proceder de otros consumidores que han comprado o usado “realmente” el producto y que las empresas “deben informar, de manera clara y detallada, sobre la forma en que las procesan”. “Si se detectan reseñas idénticas, es más que razonable pensar que son valoraciones falsas o pagadas, algo que la normativa sanciona”, agregó.

Además, llamó a “desconfiar” ante precios “extremadamente bajos” de productos en comparación con los ofrecidos en otros comercios web o físicos, “verificar” que la página web facilita “datos básicos” sobre el vendedor y “recelar” cuando el sitio “tenga publicidad agresiva, pop-ups insistentes o solicite información personal sin haber iniciado el proceso de compra”.