Urbaneja anunció a Servimedia que su asociación formalizará por escrito su queja ante la embajada marroquí en España por este hecho, y pedirá oficialmente a La Moncloa que actúe tras el comunicado de protesta de los informadores españoles.

"La respuesta política del Gobierno ante esto no puede ser blanda, ni se puede mirar para otro lado, porque esto afecta a la defensa de un derecho constitucional", agregó.

Para el responsable de la APM, el Gabinete de Zapatero "no puede pretender que España tiene unas relaciones normales con un país vecino si ese país vecino hostiliza a la importante colonia de informadores españoles que hay en Rabat".

"El flujo informativo es esencial, y obstaculizarlo no significa tener unas relaciones normales entre dos países", subrayó Urbaneja.