Para Jesús Santaella, la sentencia es "muy endeble" desde un punto de vista técnico, socialmente "regresiva" y contradice la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y "una doctrina consolidada ya por el Tribunal Constitucional".

La sentencia, que condena a Pedro J. Ramírez, José Luis Gutiérrez, Raúl Heras, ManuelRomero, José Antonio Sánchez, Carmen Rico-Godoy y Alfonso Rojo, señala que la libertad de expresión no es ilimitada.

Sin embargo, el decano del Servicio Jurídico de la Asociación de la Prensa de Madrid recordó que "desde hace más de un siglo se ha venido sosteniendo, sin que nadie lo haya dudado, que para que existan injurias es preciso que exista ánimo de injuriar en los acusados, y también que el ánimo de informar excluía el ánimo de injuriar".

"Pero en este caso", agregó, "la sentencia reconoc que los periodistas tenían exclusivamente ánimo de informar, y aún así los condena como autores de un delito de injurias".

INFORMACION DE INTERES PUBLICO

Además, calificó a la sentencia de "socialmente regresiva", "en la medida en que, por ejemplo, considera que carece de interés público informar del paradero de una personalidad como Ruiz-Mateos en un instante en que existían todo tipo de sospechas acerca de si había sido secuestrado o no".

La Asociación de la Prensa de Madrid ha anunciado su otal apoyo a los siete periodistas, algunos de los cuales ya han expresado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Aunque Pedro J. Ramírez y José Luis Gutiérrez han sido condenados a un mes de arresto cada uno, a no dirigir durante ese tiempo sus periódicos y a una multa de 100.000 y 80.000 pesetas, respectivamente, a ambos les beneficia la remisión condicional prevista en el Código Penal y aplicada a todas aquellas personas que no han delinquido con anterioridad, por lo que no tendrn que cumplir estas penas, aunque sí deberán de pagar un millón cada uno al matrimonio formado por José María Sabater y Cori Miarnau.

No obstante, Jesús Santaella indicó que si en el futuro sufren otra condena ello implicaría tener que cumplir aquella y la actual, por lo que mostró su preocupación ante la posibilidad de que el fallo del Supremo provoque una actitud de "autocensura en estos profesionales que no es nada recomendable".