La investigaión sobre la presunta señalización irregular del trazado de la vía, donde se han registrado unos 250 muertos en los últimos 4 años, comenzó meses atrás contra el responsable de Carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar, a instancias del juez de paz de Iznalloz, José Luis Hernández Carrillo.

Precisamente hoy el juez firmó, con fecha del viernes 10 de julio, la resolución por la que se podría apartar de las diligencias a Carrillo, por su calidad de juez de paz, según el recurso presentado por el aogado de Rafael Villar, informaron fuentes judiciales.

La resolución, en caso de ser positiva para la parte demandada, no apartará al juez de paz de estas diligencias, ya que éste se presentaría como perjudicado al haber sufrido también él un accidente en el citado tramo, según manifestó él mismo.

La asociación de perjudicados pretende, con su personación en el caso, conseguir "que se haga justicia y que se sepa qué ha pasado con esta carretera, aunque nunca nos hemos planteado conseguir indemnizciones", dijo su presidente, Nicolás Pérez- Alférez, hermano de una de las víctimas.

Pérez-Alférez indicó que quieren conocer las causas y los nombres de los responsables del cambio de la carretera de vía lenta a rápida, si influyó en esta modificación la posibilidad de conseguir subvenciones de la Comunidad Europea a través de los fondos Feder y por qué no se aplicó a la calzada firme antideslizante.

Con la petición de reapertura de las diligencias, unida a las ya existentes de otras partes persnadas, la asociación pretende que comiencen de nuevo a practicarse pruebas que esclarezcan los hechos. Antes de la suspensión, el propio juez Gallegos había fijado fecha para un careo entre Hernández Carrillo y Villar.

La asociación, constituida formalmente el pasado lunes, cuenta con unos 50 integrantes. El último, un vecino de Torrepacheco (Murcia), se puso en contacto con Pérez-Alférez esta misma mañana.