Entre los aspectos positivos de la nueva legislación, la APF subraya la aplicación del principio de no discriminación a los centros especiales de empleo, ya que los aproxima a las empresas del ámbito ordinario y permite a los trabajadores con discapacidad elegir libremente dónde ejercer su actividad profesional.

En virtud de esta medida, dichos centros podrán pagar el salario mínimo interprofesional a sus trabajadores y beneficiarse de ayudas para la formación de la misma cuantía que las que perciben las empresas ordinarias.

La nueva ley de discapacidad también supone que estos establecimientos podrán acceder libremente al mercado laboral y contratar trabajadores con discapacidad en función de sus necesidades.

Otro aspecto positivo de la legislación es, según la asociación, que los concursos públicos deberán incluir las candidaturas de estos centros.

La AFP también considera favorable el incremento de las contribuciones -o la medida alternativa de adquirir productos y servicios de empresas del sector protegido- que fija la nueva ley para las empresas ordinarias que no cumplen la cuota de contratación de discapacitados.

Sin embargo, aunque los principios contenidos en la ley van por el buen camino, la asociación considera insuficientes los decretos para su desarrollo que actualmente debate el Parlamento. Así, la APF reclama un incremento de las ayudas por trabajador discapacitado para las empresas del sector protegido.

En lo que se refiere a los centros ocupacionales, la APF pide que el salario de los empleados sea equivalente al salario mínimo interprofesional, que las subvenciones al puesto de trabajo incluyan las ayudas a la formación y que estos establecimientos puedan seguir dispensando apoyo extralaboral como hasta ahora, sin que sus trabajadores sean remitidos a instituciones médicas o sociales.