En declaraciones a Servimedia, Silva mantuvo que la invitación del Gobierno a colaborar a las administraciones auntonómica y local con los familiares que quieran desenterrar a los suyos y siempre bajo tutela administrativa o judicial quiere decir que no va a depender de las familias sino que va a depender del Estado.

"La verdad es que dos años de elaboración del proyecto de Ley para hacer esto, no es adecuado, y es muy triste que sigamos siendo las familias, las asociaciones y los arqueólogos y forenses voluntarios los que nos hagamos cargo de una responsabilidad que por la legislación internacional y por una resolución de la ONU apoyada por el Gobierno español debe depender del Estado", lamentó Silva.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno que incluye a los afectados de ambos bandos es correcta, a juicio de Silva, porque "una sepultura digna debe ser un derecho para todos", subrayó.

Lo que si recordó es que las familias de los muertos franquistas tuvieron "cientos de ayudas, becas para estudiar, etcétera, por parte del Estado, y las familias de los republicanos no van a tener ni la ayuda del Estado para enterrar dignamente a sus muertos", recordó.

No obstante, la asociación confía en que el trámite parlamentario mejore la ley y anuncia que seguirán peleando en el ámbito internacional, a través de Naciones Unidas que tiene un grupo específico de trabajo para la desaparición forzada, y que la ONU obligue a cumplir la resolución de diciembre del 92, apoyada por el Gobierno español, en la que establece las obligaciones de un Estado con respecto a la desparición forzada y las competencias para erradicarlas son de ellos.

"En ningún caso, un colectivo de ciudadanos que forman una asociación son los que tienen el deber de garantizar los derechos humanos en un país. Es realmente precario que el Gobierno pretenda ésto", concluyó.

El Proyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros obliga, respecto a las exhumaciones de fusilados de forma extrajudicial, 30.000 muertos según los datos de las asociaciones, a las administraciones autonómica y local a colaborar con los familiares que quieran desenterrar a los suyos; siempre bajo tutela administrativa y judicial, que decidirán, en última instancia en caso de contradicción (cuando unos familiares quieran exhumar y otros no, coincidiendo en la misma fosa común).