La reducción de las penas que el texto gubernamental impone a insumisos y desertores es también una de las propuestas incluidas en las 91 enmiendas que el CDS ha presentado ante el Parlamento.

La AOC, que agrupa a diversas asociaciones de objetores de toda España, mantuvo una reunión el pasado día 12 en Avila para analizar el proyecto de ley.

A juicio de este colectivo, la reforma "continúa basándose en modelos de defensa aducos y en demandas de organizaciones militares cuya existencia misma está puesta en cuestión".

"En estos momentos", argumentaron, "la prioridad debe consistir en la articulación de mecanismos de diálogo y cooperación internacionales que entran en contradicción con criterios militaristas de defensa nacional".

Asimismo, consideran que la nueva ley es "pobre y carece de imaginación" y creen que en "el marco de la Constitución caben modelos alternativos de Defensa al del servicio militar obligatori y Ejército intervencionista".

Según la AOC, la objeción de conciencia tiene que ser reconocida como un derecho fundamental y su regulación no debe ser revisada a través de una modificación de la ley de la "mili".

Finalmente, señalaron que el Gobierno ha intentado engañar a la opinión pública, ya que "las supuestas mejoras que introduce la llamada 'mili a la carta' quedan condicionadas a la discrecionalidad del Ministerio de Defensa".

ENMIENDAS DEL CDS

Por su parte, el Grupo Parlamentario e CDS ha presentado más de 90 enmiendas al proyecto, entre las que destacan las que solicitan la equiparación de la retribución del soldado de reemplazo con el salario mínimo interprofesional y el reconocimiento de la objeción sobrevenida.

Además, los centristas piden la creación de la figura del Defensor del Soldado y del Consejo Civil del Servicio Militar, la reducción de la prestación social sustitutoria a un máximo de 12 meses y un mínimo de 9 y la supresión "del premio para los que hayan realizad la 'mili' o la prestación social a la hora de acceder a un empleo en la Administración pública".

Otra de las enmiendas insta a la Administración a fijar un plazo de 4 meses para otorgar un destino a los declarados objetores, y a computar como parte de la prestación social sustitutoria el tiempo que transcurra a partir de ese periodo.

El CDS mantiene la solicitud de convocar un referéndum para que los ciudadanos decidan mayoritariamente qué modelo de Ejército prefieren.