Según afirma el presidente de Asigc en un comunicado, estos agentes "tenían cobertura legal" para esta desarrollar esta investigación y considera, además, que "era obligado que las mujeres contribuyeran con su testimonio al esclarecimiento de los hechos".

No obstante, afirma que, "en el supuesto de que los agentes, tras sus investigaciones, pudieran deducir la comisión de un delito por parte de las mujeres que declaraban meramente como testigos, debían dejar de preguntarles y citarlas en calidad de imputadas".

Finalmente, Parra pide que "se investiguen más y mejor los posibles delitos que se pudieran estar cometiendo relacionados con abortos ilegales", debido a "la dificultad para su esclarecimiento", ya que "la víctima" (refiriéndose al feto) "nada puede declarar en defensa de su derecho a la vida".