La asociación responde así a las manifestaciones realizadas por Eligio Hernández en la clausura del Congreso, donde aseguró que se estaba utilizando al ministero fiscal como instrumeno de la lucha política y retó a los fiscales que pidieron su dimisión a que le presentaran un sólo caso en el que hubiera mantenido una actitud parcial.

Las explicaciones del fiscal general no convencieron a los fiscales asistentes, que se ratificaron en su decisión de solicitar la renuncia a Hernández y reclamar "el establecimiento de medidas concretas" que acaben con las sospechas de politización de la fiscalía, con el consiguiente deterioro de la imagen pública de la institución.

Según explicóOrtiz Urculo a Servimedia, estas medidas se reducen a la creación de un mandato del fiscal general por tiempo limitado e irrevocable para evitar que el Gobierno "nombre y cese a su antojo al fiscal general", procurar que las personas designadas para el cargo carezcan de vínculos directos con la política activa y someter los acuerdos de la fiscalía a los órganos colegiados del ministerio público.

La Asociación de Fiscales, que en la actualidad tiene interpuesto un recurso en el Tribunal Supremo contra a designación de Eligio Hernández, reprueba al actual fiscal general, entre otras cuestiones, la política de nombramientos llevada a cabo en puestos clave de la institución como la fiscalía del TSJ de Madrid o la jefatura de la inspección fiscal, "que no contaron con un sólo voto del Consejo fiscal".

Asimismo, condenan sus manifestaciones a favor de la defensa del honor de los políticos, declaraciones en las que se define cercano al actual Gobierno o aquellas en las que define al ministerio público "cmo una institución ambigua o la cuadratura del círculo, que dan la impresión que hay que estudiar qué es el ministerio fiscal cuando, a nuestro juicio, en la Constitución está muy claro".

Para el presidente de la AF, sólo la despolitización de la institución puede proteger al fiscal en su independencia e imparcialidad, a lo que esperan contribuir a través de las ponencias elaboradas en el Congreso.

"Estamos intentando manifestar a la opinión pública y al propio Gobierno que hay una Constitución, ue hay unos principios básicos que están ahí y que el pueblo español en su día los quiso y los sigue queriendo y que, en consecuencia, debe adaptarse la legislación y las actitudes a estos principios".

Ortiz Urculo sí dio la razón al fiscal general en que la actual crisis existente en la institución no empezó con su mandato, aunque sí coincide con los primeros años de Gobierno socialista, con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, "cuando se ha pretendido separar al ministerio fiscal de la carrer judicial e introducir en el poder Ejecutivo".