Ortiz Urculo señaló que no debería ser así, dado que con su buen funcionamiento la justicia clarifica y mejora la situación moral y ética de la sociedad y también la situación económica.

Por ello, abogó por una reforma en la justicia, con el fin de que sea más eficaz, aspecto que será uno de los puntos centrales del IX Congreso que la asociación celebrará los próximos días 4, 5 y 6 en Oviedo

Agregó que uno de los problemas fundamentales de la justicia es la lentitud, que hace que en asuntos tan importantes como los casos Filesa o Roldán se sepa cuándo comienzan, pero no cuándo acaban. Destacó además que ese tipo de procesos comienzan por iniciativa de la prensa o de la acción popular y no del ministerio fiscal o de los jueces, que son los que deberían ser imparciales.

La reforma de la justicia que la asociación propone pasa por una mejora de la selección de los jueces y fiscales, baada en su experiencia y una mejor distribución de los medios para evitar su reparto arbitrario, como ocurre, a juicio de Ortiz Urculo, con el "caso Rubio", que cuenta con dos fiscales, mientras que el "caso Filesa" sólo tiene uno.

FISCAL GENERAL

También es necesaria, en su opinión, una modificación en el nombramiento del fiscal general del Estado, que no implicaría una reforma constitucional, sino que debe perseguir que el fiscal general sea imparcial, con una serie de requisitos que evitarían que peda ser cesado indiscriminadamente por el Gobierno.

Como solución a los problemas actuales de la justicia, la asociación indica que debe decirse en la práctica que el fiscal pertenece al poder judicial, con lo que sería más independiente para ejercer sus funciones; que la selección de jueces y fiscales sea común, pudiendo un fiscal ejercer de juez y viceversa; una reforma del proceso judicial que establezca a quién corresponde la instrucción de las causas, y dotar de más medios materiales y humanos alministerio fiscal para ejercer su función.

Por otra parte, Ortiz Urculo indicó que el anunciado pacto de Estado por la justicia propuesto por el ministro Belloch no se está realizando "en absoluto" y puso de ejemplo de ello la Ley del Jurado, en la que no se hizo caso a la asociación.

También denunció la politización del Consejo General del Poder Judicial, en el que el nombramiento de sus miembros depende ahora de las mayorías parlamentarias, con lo que se contraviene la Constitución, que quiso qe el poder judicial fuese elegido por los profesionales de la magistratura y no por el poder político, con el fin de poder controlar a éste.

Por su lado, el fiscal del Tribunal Supremo Roberto García Calvo criticó duramente las actuaciones del anterior fiscal general del Estado, Eligio Hernández, del que dijo que sus actuaciones en el "caso Filesa" eran impresentables, al recurrir la entrada del juez Barbero en el Banco de España, en contra del criterio de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo.

Asimismo, denunció que Hernández mantuvo congelado durante dos años el informe desfavorable de la Junta contra el indulto de Amedo y Domínguez.