No obstante, subrayó que "creo en la reinserción, pero hay que hacer una reinserción ajustada a la vida diaria, que no sea una medida que se pueda adoptar en un momento determinado por un interés político concreto".

En su opinión, las penas deben cumplirse en los términos en que los jueces consideren pertinentes, porque la Constitución torga a los jueces la facultad y la obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Ortiz Urculo destacó que la polémica entre jueces y Gobieno a causa de la política de reinserción no es una novedad, sino que se inició cuando entró en vigor la Ley General Penitenciaria.

Por ello, dijo, "nos extraña que ahora se descubra que es el Gobierno el que interviene en la ejecución de las penas e insistimos en que debiera haberse dicho con mayor claridad si la aplicación de los beneficos fiscales se aplca a todos por igual".

REFORMA DEL MINISTERIO FISCAL

Juan Ortiz Urculo defendió, por otra parte, una reforma "valiente" del Ministerio Fiscal para conseguir la independencia política de esta institución, "de tal manera que el fiscal general del Estado no pueda ser nombrado y cesado a placer del Gobierno, como ocurre en la actualidad".

En su opinión, la "falta de credibilidad" en el fiscal general del Estado nace por la inexistencia de unos mecanismos de control que garanticen su independencia, lo que provoca una desconfiaza generalizada en su gestión".

Ortiz Urculo participó esta tarde en el seminario "La reforma de la justicia en el Estado democrático de derecho", incluido en los cursos de verano de El Escorial organizados por la Universidad Complutense.