El otro colectivo profesional, la Unión Progresista de Fiscales, también expresó su malestar ante la destitución, media que consideró "un intento de cercar la legítima y necesaria autonomía" de la institución.

"El cese del fiscal general del Estado", cita la nota de la Asociación de Fiscales, "culmina de manera grave y preocupante un largo periodo de acoso y menosprecio hacia el ministerio fiscal por parte del Ministerio de Justicia y, desde ahora, desde el Gobierno en pleno".

Los fiscales estiman que, con esta postura, el Gobierno rechaza públicamente el contenido del informe remitido por la Fiscalía General de Estado al presidente del Gobierno el pasado 2 de febrero, en el que pedían una mayor autonomía de los poderes públicos.

Tras destacar que el Ejecutivo "no ha dado respuesta alguna" a los problemas planteados por la fiscalía, pondera que con el cese de Torres, el Gobierno "pone al decubierto su indudable propósito de reducir al ministerio fiscal a una disciplinada obediencia jerárquica a sus intereses".

Según la asociación, esa pretensión "choca frontalmente con la institución del ministerio fiscl, tal como viene concebida en la Constitución y en su estatuto orgánico" y advierte que de persistir esta actitud "podía hacer peligrar el equilibrio de poderes y la independencia del poder jucidial cuya guarda confiere al ministerio fiscal el artículo 124 de la Constitución".

Asimismo, el cese pone "en grave riesgo" la posibilidad de diálogo entre el Gobierno y el ministerio fiscal para solucionar los problemas que afectan a la institución.

"El deterioro permanente que con esta cerrada y autoriaria actuación gubernamental se está causando al servico público de la administración de justicia y a los propios ciudadanos, no hace sino agravar las consecuencias que se derivan del acto del cese".

La asociación reitera pese a todo su "decidida voluntad de diálogo" y expresa a la vez su "esperanza y deseo" de que todos los poderes públicos respeten el marco constitucional y estatutario del ministerio fiscal.

La Asociación de Fiscales concluye su comunicado subrayando "la cabal interpretación qu de su papel institucional ha tenido en este caso cocreto Leopoldo Torres, lo que evidencia la irracionalidad de su cese, acordado por el Ejecutivo".