El presidente de la asociación, Gervasio Puerta, pidió al Gobierno que les equipare con las víctimas del terrorismo, al haber sufrido represión por luchar en favor de la democracia. "No hay diferencias entre las víctimas de ETA y nosotros, porque todos defendimos la democracia y la libertad", dijo.

La asociación tiene previsto sumarse a las enmiendas a la ley que presentarán Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. "Estamos disconformes con el proyecto, porque incumple hechos que nos tenían prometidos", comentó el presidente de la organización.

"La ley debe condenar públicamente el régimen dictatorial, torturador y terrorista de Franco, así como reconocer la dignidad que comportó la lucha que las personas represaliadas sostuvieron contra la rebelión y la dictadura", dijo Puerta. "Estas personas merecen un reconocimiento expreso y oficial".

PROMESAS INCUMPLIDAS

Los ex presos y represaliados piden también "monumentos expresamente erigidos en su memoria, la promoción y financiación de actos conmemorativos, la exhumación de los restos mortales de los asesinados y la inscripción en los registros civiles, de modo que quede constancia de la causa real de su muerte".

"Hay casos de compañeros que fueron torturados y asesinados en la propia comisaría y todavía la familia no sabe dónde están sus cuerpos", afirmó el vocal de la asociación Gregorio Ortiz.

Igualmente, denuncian que el Gobierno ha incumplido promesas que les hizo en su día, como la anulación de los consejos de guerra ilegales que se celebraron en la dictadura hasta 1963, en los que se firmaron las penas de muerte de muchos presos que no pudieron defenderse.

Además, manifestaron su tristeza "al comprobar que el Valle de los Caídos sigue siendo un símbolo de la dictadura y lo único que se prohíbe es que se cante el 'Cara al Sol'".

Por otro lado, la asociación demanda que no se demore el pago de las retribuciones ecónomicas para los que no las recibieron en virtud del decreto de 1990, porque "nosotros tenemos entre 85 y 90 años, y somos cada vez menos los que quedamos de los represaliados, y aun así todavía somos entre quince y veinte mil personas".

Tanto el presidente como el vocal de la asociación recalcaron que lo que ellos quieren es "un reconocimiento explícito que aparezca en el Boletín Oficial del Estado de que nuestras condenas fueron injustas e ilegales" y que "nosotros luchamos contra la dictadura franquista por defender la democracia y la libertad".