Así lo demandó la entidad en un comunicado en el que justificó la implementación de un “plan de choque” en la necesidad de “desatascar los miles de casos que están en los tribunales sin que vean la luz en años" y "habida cuenta de los retrasos y las dilaciones durante años de los procedimientos judiciales”.

“Entendemos que es necesaria una implicación del Gobierno de España para incrementar las plantillas de jueces y establecer medidas legales tendentes a acortar los plazos procesales”, subrayó, para defender que, “como garantía de servicio público esencial para la ciudadanía”, entre esas medidas, el Ejecutivo “podría garantizar la atención en un determinado tiempo de los procedimientos en los juzgados”.

De este modo, el ciudadano tendría “un horizonte temporal que conocería” para obtener una resolución, lo cual, a su entender, “daría una mayor seguridad jurídica”.

La entidad lamentó que se trata de un “problema” que “se ha agravado" con la huelga de letrados de la Administración de Justicia y la declaración de periodo inhábil durante la Navidad.

A este respecto, la organización solicitó a Llop “que asuma directamente las negociaciones” con los convocantes de la huelga de cara a la reunión del próximo viernes “con el fin de no agravar más" una situación que, según sus cálculos, habría "provocado la suspensión de cientos de miles de procedimientos”.