Así lo reclamó en un comunicado emitido después de que la AIReF denunciase que el IMV solo llegó en 2022 a 284.000 hogares, un 35% de los que podrían recibirlo, y en el que subrayó que la cifra de beneficiarios “se queda muy lejos de los 800.000 a los que, a su juicio, podría beneficiar”.

“Una circunstancia que complica la vida de los consumidores desde un punto de vista de pérdida de poder adquisitivo”, sentenció, al tiempo que recordó que estos ciudadanos “tienen auténticos problemas para afrontar la cesta de la compra con precios por las nubes o la electricidad con importantes subidas”.

Por otra parte, puntualizó que, según la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el gasto anual en 2022 para esta prestación fue de 1.900 millones, lo que, según sus cálculos, supuso un 47% del gasto “potencial” previsto.

A este respecto, lamentó que “no se tenga en cuenta la necesidad de abordar en las políticas públicas la evaluación de las mismas" y de "valorar el grado de compromiso y ejecución de estos anuncios" que, según su punto de vista, "muchas veces ilusionan al ciudadano pero que después se quedan en mero humo”.

Por estas razones, urgió al nuevo Ejecutivo a que “aborde la ejecución íntegra de este asunto” con el fin de “facilitar la vida de las familias” y a que “regule” mecanismos de evaluación “independientes” de las políticas públicas para “no dar lugar a este tipo de incumplimientos y retrasos”.