Así lo solicitó este miércoles dicha asociación en un comunicado en el que anunció que ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; a la directora general del Imserso, Mayte Sancho; a la presidenta del INE, Elena Manzanera, y a los consejeros del ramo de todas las comunidades para interesarse por las medidas que se han adoptado “con cada uno de los 1.060 centros residenciales que, estando obligados a aportar los datos solicitados para este censo, no lo han hecho”.

Junto a ello, también les ha requerido información sobre qué medidas piensan adoptar en el futuro “para que todos los centros residenciales aporten los datos que se les solicite para la elaboración del censo, o para sancionar a quienes no lo hagan” y sobre si se plantea utilizar como “referencia” en los próximos años la base de centros de las comunidades autónomas con el fin de “asegurar” su “fiabilidad”.

A este respecto, tras la publicación del primer censo, que, lamentó, llega “con dos años de retraso”, la asociación expresó su “perplejidad” por el hecho de que el propio censo “reconocía que, de la base inicial de 8.114 centros, se habían eliminado el 15,8% (1.283), más de uno de cada seis”, pese a que todos los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad “han de estar autorizados para poder funcionar e inscritos en el correspondiente registro de la comunidad autónoma”.

“Nuestra perplejidad aumentó cuando, de los 6.831 centros resultantes, 1.060, el 15,5% de los mismos, simplemente no aportan ninguna información, algo inaudito”, sentenció la asociación, al tiempo que puntualizó que, como “consecuencia” de ello, “a pesar de las expectativas generadas con ese censo, seguimos sin datos fiables sobre cuántas residencias para mayores o para personas con discapacidad hay, cuántas plazas hay en total y si son o no suficientes”.