Esta organización considera que someter a los guardiasciviles al Código Penal militar demuestra la "insensibilidad" de unos mandos que cuando son juzgados en esas mismas instancias quedan eximidos de responsabilidad si se trata de altos cargos.

Así, relata en una nota de prensa cómo un mando de la Guardia Civil no resultó castigado tras ordenar a un agente que se situara junto a una diana mientras él realizaba un ejercicio de tiro, con el "consiguiente desprecio a la vida" que esta actitud ilustra.

Esta asociación conocida como "Plataforma" se sumalas protestas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que hace unos días anuncio que recurrirá a los tribunales europeos la aplicación de la justicia militar a los guardias civiles, ya que implica una "clara discriminación" respecto del resto de los ciudadanos y contempla penas de prisión para infracciones administrativas.

La AUGC sostiene que las infracciones cometidas por los agentes de la Guardia Civil "jamás debieran ser enjuiciadas por tribunales castrenses, puesto que fueron comeidas por agentes en el ejercicio de tareas de carácter policial, dependientes del Ministerio de Interior".

El Código Penal Militar no permite que una persona sin antecedentes penales y que cumpla los requisitos marcados por la ley no sea encarcelada si es condenada a una pena inferior a los dos años.

La AUGC presentó el pasado 25 de junio de 2002 una queja ante el Defensor del Pueblo para que estudie esta cuestión y pidió al Ministerio de Justicia que modifique el artículo 44 del citado Código Peal Militar para permitir la aplicación de la libertad condicional a los afectados que cumplan los requerimientos que establece el Código Penal ordinario.

SIN LIBERTAD CONDICIONAL

Concretamente, estas dos organizaciones denuncian la entrada, hoy, en la prisión miltar de Alcalá Meco de Asunción López Arias, una guardia civil de 37 años, casada con otro miembro del instituto, y con dos hijos de 9 y 14 años de edad.

Esta agente fue condenada a cuatro meses de prisión como autora de un delito de abadono de servicio de armas, cometido durante la Nochebuena de 1999, cuando se hallaba de servicio y visitó con el vehículo oficial a unos compañeros que estaban de guardia para felicitarlos. La ausencia duró 10 minutos y la agente "estuvo siempre localizable a través de las transmisiones".

El Ministerio de Defensa denegó el indulto a la agente en octubre de 2002, pese a estar apoyado por más de 10.000 firmas y sin tener en cuenta el "delicado estado desalud" de la afectada que padece una "grave depresin".

La AUGC denuncia también el caso de Vicente Salvador Perelló, de 26 años, que hoy debería ingresar en prisión, para cumplir una pena de dos meses de cárcel tras ser indultado parcialmente de una pena de nueve meses por "desobediencia en servicio de armas".

Los hechos por los que fue condenado se produjeron los días 26 y 27 de febrero de 1999 cuando estaba destinado en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, por encontrarse enfermo, circunstancia de la que avisó con antelación y que justficó después con una baja médica.

Por todo ello, la "Plataforma" exige la "desaparición de las prisiones militares para las simples faltas administrativas", puesto que este tipo de sanciones no son "coherentes" con el régimen que rige para el resto de los Cuerpos de Seguridad. Esta organización explica que todos estos extremos le fueron expuestos recientemente al portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera.