La citada asociación, una organización de ámbito nacional que engloba a treinta y tres agencias de publicidad, solicitó permiso para crear el registro el 29 de diciembre de 1995. La autorización tiene una vigencia de cinco años, renoables a petición de la parte interesada.

La resolución del tribunal reitera su doctrina de que los registros de morosidad pueden cumplir una función de "saneamiento y clarificación del tráfico mercantil" siempre que no sirvan para amparar acciones anticompetitivas.

Por esa razón, los titulares de los registros tienen que comprometerse a garantizar la libertad de sus asociados para fijar su política comercial frente al deudor moroso, la voluntariedad de la adhesión al registro por parte de los usurios, el acceso de los afectados al registro para conocer los datos que les afecten y la objetividad de la información.