El cambio legislativo impulsado por el Gobierno busca contrarrestar los efectos de la reciente declaración de inconstitucionalidad de las medidas sobre el impuesto de sociedades y “paliar la pérdida recaudatoria derivada de su expulsión del ordenamiento jurídico”, toda vez que la misma se fundamentó en la inadecuación del instrumento normativo utilizado para su aprobación.

En concreto, según la Aedaf, el Ejecutivo quiere establecer límites más restrictivos a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de deducciones por doble imposición para grandes empresas. También busca extender al ejercicio 2024 la medida temporal y extraordinaria aprobada para el ejercicio 2023 de limitación de bases imponibles negativas dentro del grupo de consolidación fiscal.

Igualmente, persigue imponer la obligación, a todos los contribuyentes, de revertir en un solo ejercicio los deterioros de cartera que hubieran sido deducidos en el pasado y aún estuvieran pendientes de integración, con independencia de que exista o no efectiva recuperación de valor en las sociedades filiales participadas.

En este contexto, Aedaf ha elaborado un documento en el que argumenta que “la regulación que se propone en la citada enmienda -que es, además, aún más restrictiva que la contenida en la primitiva norma hoy declarada inconstitucional-, es contraria a los principios constitucionales de capacidad económica, seguridad jurídica e irretroactividad, y no debería ser aprobada”.

Además, defiende que los expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales aportan sugerencias de regulación alternativa para contrarrestar los efectos más perniciosos del cambio legislativo propuesto, con el fin de que las mismas puedan ser negociadas en sede parlamentaria.