Dicha sentencia, que en la práctica supone que las actas de inspección deben resolverse en un plazo máximo de seis meses, podría no sólo sentar jurisprudencia, en opinión de Para, sino provocar que muchas de las sentencias que se encuentran en la Audiencia se leven al Supremo.

Con la elevación al Supremo de otras sentencias similares, Hacienda podría ver cómo muchas actas fiscales quedan canceladas por prescripción y, por ende, un importante montante de deuda fiscal no sería recaudado por la Administración.

"En cualquier caso existe un problema a la hora de interpretar y entender el derecho administrativo, y se ha aplicado mal, con lo que las consecuencias pueden ser mayores", añadió Juan Carlos Para.

A su juicio, la aplicación del criterio de qu el plazo de resolución no supere los seis meses, como dice la sentencia, debería ser universal, "sin ningún tipo de trámite".

Por su parte, desde el ministerio que dirige Pedro Solbes se ha restado importancia a dicha sentencia, ya que la mayoría de las inspecciones, señalaron las fuentes consultadas, se resuelven en un plazo que no supera los seis meses.

Sin embargo, reconocen que han existido casos en los que, por su complejidad, se han superado los plazos. De momento, en el Ministerio de Econmía no se aventuran a estimar a cuánto puede ascender el montante de dinero que, al prescribir las actas fiscales, podría quedar exento de pago.