"Lo que hay que decirle al Gobierno es que haga cumplir las leyes que ya existen", declaró Dalda a Servimedia, quien añadió que si el botellón convocado por los jóvenes es legal "tendrá que autorizarse y la autoridad pública deberá poner medidas suficientes para que no se convierta en un caos y moleste a los ciudadanos", pero que si es ilegal, "tendrá que prohibirlo".

"El problema que tenemos en este país", continuó este asesor de FEBE, "es que para un mal político y un mal gestor administrativo cualquier ley es mala y entonces lo que hace es cambiarla".

En este sentido, continuó, "lo más ridículo que he visto es que se quiera bajar ahora el grado de alcoholemia permitido en la conducción, y vaya por delante que soy un convencido de que con el alcohol, la tolerancia debe ser cero".

El problema, explicó, "no es bajar el límite de 0,8 a 0,5 ni pasar de 0,5 a 0,0; el problema es que la ley no se cumple" en ninguno de los casos, por lo que hay que hacerla cumplir, primero, tal y como está ahora establecida.

"La industria está dando un comportamiento ejemplar en tres sentidos: campañas de concienciación al joven para que no beba; campañas de concienciación al ciudadano en general para decirle que el alcohol y la conducción chocan de frente, y con una autorregulación de la publicidad magnífica", subrayó Dalda resaltando el hecho de que la industria está haciendo lo que debe en esta situación.

El pasado 16 de febrero, entre 3.000 y 4.000 jóvenes (según estimaciones de la Policía local) se reunieron en Sevilla para festejar el fin de los exámenes y desde entonces parece que se ha iniciado una competición para superar esa cifra, ya que los chicos se envían mensajes de correo electrónico y a través de móvil similares a éste: "Si en Sevilla fueron 5.000, nosotros seremos más. Botellón esta noche en el campus. Pásalo".

Hasta el momento, los jóvenes han fijado el próximo macrobotellón en Senilla y en Granada para el viernes día 17 de este mes de marzo.