Los empresarios afectados estiman que el establecimiento de ese procedimiento fiscal supondrá la desaparición de 30.000 empleos directos en la región, según informaron a Servimedia fuentes de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme), entidad organzadora de la movilización.

Además de ese acto, el próximo martes, los pequeños empresarios interpondrán masivamente unos 10.000 recursos en el Ministerio de Hacienda contra esa modificación que, en su opinión, provocará el cierre de más de 10.000 pequeños comercios en la comunidad madrileña y significará una recargo de hasta el 300 por cien para este colectivo en el pago del IRPF.

Las movilizaciones se inscriben dentro de la campaña promovida por Copyme en toda España para pedir la suspensión cauelar de la Orden Ministerial del 26 de febrero de 1992, por la que el Gobierno aprobó los módulos para el cálculo del Rendimiento Nego de Actividades Empresariales, calificada por este colectivo como "chapuza legal".

A juicio de los comerciantes, el sistema de Estimación Objetiva por Módulos para la deteminación de la base imponible del IRPF no es acorde al derecho ni justo, ya que implicará una profunda reforma de un sector afectado por una grave crisis económica.

En una carta remitida al secretrio de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, Copyme pide al Ejecutivo que esta reforma del IRPF sea consensuada con el colectivo implicado y "nunca con órganos como la CEOE, ya que ni sus miembros ni sus representados están afectados por esta reforma fiscal".

Asimismo, considera "escandaloso" que el Ministerio de Economía y Hacienda amenace a los contribuyentes con el uso de la acción inspectora para obligarles a acogerse a este sistema de tributación que, aseguran, en la mayoría de los casos, les es caramente desfavorable.

También acusa a ese ministerio de realizar una campaña de intoxicación para justificar la implantación de la reforma, acusando a los pequeños comerciantes de evasores de impuestos y de engrosar la bolsa de fraude fiscal.

Añaden que la modificación de la forma de pago del IRPF está hecha "de la noche a la mañana" y es injusta, regresiva y anticonstitucional, ya que infringe varios artículos de la Carta Magna, como el 31, que dice que todos los españoles contribuirán al sosteimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo.