Según explica la sentencia, los hechos se remontan al invierno de 1989, cuando la empresa pública Canal de Isabel II ordenó el desembalse paulatino y progresivo de la presa El Atazar (Madrid) porque estaba "prácticamente al límite de su capacidad", debido a las fuertes lluvias que habían caído en la zna en los últimos días.

Al mismo tiempo que se realizó el desembalse, se produjeron inundaciones en los locales de las empresas Panrico y Hogar Actual, ubicados en San Fernando de Henares y en Paracuellos del Jarama. Según las compañías aseguradoras, los daños fueron causados por el vaciado de la presa y no por las lluvias, es decir, por fuerza mayor, lo que excluye al Estado de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, el Supremo considera que los daños "vinieron causados, no por el desembalse lleado a cabo por la Administración, sino por la crecida de aguas motivada por las fuertes lluvias, ya que éstas hicieron que el desembalse fuera inevitable al alcanzar el volumen de agua embalsada el límite permitido".

El Alto Tribunal concluye que "el resultado dañoso no fue debido al actuar de la Administración, sino a un fenómeno natural imprevisible e inevitable, es más, cabe afirmar que el actuar de la administrativo aminoró los efectos de dicho fenómeno natural".

De esta forma, el Supremo oblga a un total de seis compañías aseguradoras (entre las que se encuentran Roayl Insurance, Allianz, la Unión y el Fénix) a sufragar los gastos de los daños provocados por las aguas en los locales de Panrico y Hogar Actual, confirmando así la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.