Esta ley, que contó co el apoyo del PP, pretende garantizar la adecuada actuación de los centros de servicios sociales y asegurar la adecuada prestación de los mismos por las entidades autorizadas y de acuerdo con parámetros de calidad previamente definidos.

Establece aspectos relativos a la formación y especialización del personal que trabaja en este tipo de centros y a la inspección de los mismos. Regula, asimismo, las sanciones y sus responsables.

En este apartado, se tipifica como infracción muy grave la apertura e un centro sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa o el exceso de ocupación en más de 10 plazas sobre la capacidad autorizada.

La diputada de IU Caridad García criticó la faltade voluntad del PP para alcanzar un acuerdo sobre esta ley y destacó que sólo han aceptado el 4% de las 28 enmiendas presentadas por esta formación.

Justificó la abstención diciendo que "si por un lado esta ley no nos convence por otro se han visto obligados a presentarla por la presión de la oposicin" y dijo que el texto aprobado "se rige por unos criterios en los que predomina la desviación de políticas a los centros privados en sintonía con su equivocada idea de que la iniciativa privada gestiona y da mejores servicios".

La diputada socialista Carmen García Rojas insistió en los mismos argumentos que IU, señaló que su grupo se abstuvo en la votación y destacó la falta de consenso del PP y de la Administración regional.