El objetivo de las manifestaciones, que los días 9 y 10 tendrán lugar en las diferentes comarcas agrícolas y el 11 en todas las capitales de comunidades autónomas, es presionar al Gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria "a buscar una solución negociada a la crisis que vive el campo español".

Fuentes de ASAJA consultadas por esta agencia aseguraron que las tres organizaciones agrarias más representativasdel país quieren obtener un compromiso del Ejecutivo para abrir una mesa de negociación de forma inmediata.

A su juicio, el retraso de estas conversaciones "supondría la desaparición irreversible de la agricultura y la ganadería profesional española a corto y medio plazo".

Asimismo, reclaman de los partidos representados en el Congreso de los Diputados "el inicio urgente de un debate sobre la política agraria que debe seguirse en España, teniendo en cuenta la reforma de la Política Agraria Comuniaria (PAC) que está acometiendo la CE".

Las medidas que, según las tres organizaciones agrarias, deben aplicarse en el campo español están recogidas en una plataforma reivindicativa conjunta que ya ha sido enviada al ministro de Agricultura, Pedro Solbes.

En ese documento, los agricultores y ganaderos españoles representados por ASAJA, UPA y COAG, piden al Gobierno que defienda una reforma de la PAC "que reduzca las diferencias existentes ahora en favor de los países del norte de la Comunidad frete a los del sur".

MANTENER LA PROTECCION

Además, reclaman del Ejecutivo que presione ante la CE para que los responsables comunitarios mantengan los criterios que han inspirado la PAC en las negociaciones del GATT, que persiguen un acuerdo general sobre aranceles y comercio internacional, frente a la plena liberalización de los mercados que defienden Estados Unidos y los países del Tercer Mundo.

También piden a la Administración que reconozca a las organizaciones profesionales agrarias como "ls verdaderos interlocutores sociales", y la definición de un modelo de financiación que permita abordar las necesidades de la agricultura y la ganadería (compra de tierras, créditos de campañas, etc.).

Para ASAJA, UPA y COAG, es igualmente necesario que Agricultura actúe de mediador en el diseño de un marco legislativo que sirva de instrumento a estas organizaciones profesionales y a la industria agroalimentaria para equilibrar los mercados y las producciones.

Otra de sus reivindicaciones es que a Administración "apoye decididamente a los agricultores y ganaderos profesionales, de cuya actividad productiva depende el tejido social y económico del mundo rural".

En opinión de estos colectivos, el Gobierno debe establecer las bases para que puedan incorporarse a la actividad agraria y ganadera personas jóvenes, atraídas por la garantía de que sus rentas pueden ser similares a las de otras actividades productivas de la economía española.

Esta medida, añadieron, debe ir acompañada de una políica de jubilaciones anticipadas voluntarias en el campo, "que permita una retirada digna de las capas productivas de mayor edad o de las que no pueden asumir la dureza de las condiciones actuales".

Otras medidas que, a su juicio, facilitarían el movimiento de la población agraria que necesita el campo español son un trato fiscal para agricultores y ganaderos pensado en función de su capacidad contributiva y una reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), que mejore las condicines actuales de las clases pasivas del sector.