En un comunicado conjunto, las dos organizaciones explicaron que, tras la oleada de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de 2023 en las distintas provincias y comunidades autónomas, y que culminaron con la gran tractorada por el centro de Madrid en febrero de 2024, el Ministerio de Agricultura decidió poner en marcha un paquete de medidas, que no contó con el refrendo de las principales organizaciones agrarias, y que “se ha demostrado claramente insuficiente”.

Para Asaja y Coag, “las reivindicaciones de aquellas protestas siguen aún vigentes” porque los altos costes de producción y los bajos precios en origen en buena parte de las producciones “siguen siendo una rémora” para el sector agrario. Lamentaron que no se hayan producido cambios en la Ley de la Cadena Agroalimentaria y en el sistema de seguros agrarios ni la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales al campo.

A esto se añade la “verdadera amenaza” del acuerdo de libre comercio entre Europa y terceros países, de los que llegarían productos a precios por debajo de los costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones en Europa. Esto impacta "gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones”, según denunciaron. Por ello, las dos organizaciones reclamaron un “cambio de rumbo” de las políticas en defensa del sector.