Poco después de esa hora, la sede del Palacio de Justicia de La Rioja, situada en la calle Víctor Pradera y cercana al Epolón, tuvo que ser desalojada ante una amenaza de bomba recibida en el 091.

Técnicos del Cuerpo Nacional de Policía revisaron las inmediaciones del palacio, sin encontrar nada sospechoso, y sobre la una de la tarde el personal volvió a entrar en el edificio.

El paquete que poco antes había explotado en la sede del Ejecutivo regional estaba colocado encima de una mesa y provocó heridas leves a tres ordenanzas y a una empleada del servicio de limpieza. La sala donde habitualmente es revisada la corespondencia sufrió importantes daños materiales.

FALLO EN EL MECANISMO

La mesa actuó de escudo contra la onda expansiva, ya que nadie estaba manipulando la bomba cuando estalló, según señaló el delegado del Gobierno en la comunidad, Miguel Godia Ibarz.

El Ministerio del Interior maneja la hipótesis de que un fallo en el mecanismo del artefacto provocó que explotase solo antes de tiempo. El paquete no fue pasado por el "scanner"

Los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital de San Milln, donde fueron asistidos de cortes y leves incisiones por astillas. Poco después eran dados de alta.

Las personas lesionadas son los ordenanzas Enrique Villar, de 45 años; Eladio Martínez Jaén, de 59, y Rafael Martínez Sáenz, de 66, y una mujer de la limpieza.

NUEVE ATENTADOS

Todos los indicios apuntan a que el paquete fue remitido por la banda terrorista ETA, que en lo que va de año ha cometido ocho atentados con este método.

El 27 de febrero, un paquete-bomba dirigido a un guardia civildestinado en Bilbao fue desactivado por los artificieros. El 10 de abril, un artefacto explosivo, camuflado en un libro, fue detectado por los funcionarios de la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid).

La Secretaría de Estado para la Seguridad alertó entonces a las fuerzas de Seguridad sobre la posibilidad de que los etarras hubiesen lanzado una nueva campaña de paquetes explosivos.

Dos días después, el sargento José Domínguez Piris, que fue herido en los sucesos de la Foz de Lumbier (Navarra), recibió ua carta que hirió en la cara y las manos a su padre, un guardia civil retirado.

El 12 de junio, los artificieros del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Muñoz y Valentín Martín fallecieron en Madrid, al tratar de inutilizar un paquete remitido a la empresa Construcciones Atocha, relacionada con Ramos Hidalgo, concesionaria de las obras de la autovía de Leizarán.

El 28 de ese mes, una paquete-bomba causó la muerte a cuatro personas al estallar en la cárcel Sevilla-II. Los etarras internados en este entro fueron trasladados a otros penales para prevenir disturbios.

El 1 de julio, los Técnicos en Desactivación de Explosivos Pedro Domínguez Pérez y Luis Claraco López fallecieron en Madrid cuando manipulaban un paquete. Su compañero José Luis Jiménez Barreno murió dos días después.

El viernes pasado, el empresario Felipe Rey Patiño, a quien algunos medios relacionaron con la construcción de la autovía Navarra-Guipúzcoa, resultó herido en Madrid cuando su escolta, Antonio Llanes Chacón, abrió un carta. Llanes Chacón perdió la mano izquierda.