El acuerdo definitivo prevé una reducción de la producción del carbón, la pérdida neta de 3.000 puestos de trabajo y la concesión de ayudas por importe de 2.880 millones de euros para reactivar la economía de las cuencas mineras afectadas por estas medidas.

Durante la firma del convenio, Montilla declaró que este acuerdo destina 700.000 euros más por empleo perdido que el plan anterior, lo que significa cuatro veces y media más. El Plan 1998-2005 destinaba 3.120 millones de euros para una pérdida de 15.737 empleos.

El nuevo acuerdo deberá recibir ahora el visto bueno de la Comisión Europea, que estudiará si el plan cumple los requisitos y las condiciones de competencia y de ayudas estatales fijadas por la UE. Bruselas prohíbe las ayudas de Estado por entender que pueden suponer beneficios para el sector de un país y perjudicar la competencia de otros estados miembros.

Industria y sindicatos alcanzaron un primer acuerdo el pasado 7 de noviembre, en el que se fijaba en 52 años la edad para poder optar a las prejubilaciones y en el que se cerraron las cifras sobre producción y empleo del futuro plan.

Tras este acuerdo, los trabajadores desconvocaron los paros y los encierros que, durante varios días, realizaron en las principales capitales mineras.

Las negociaciones continuaron y el pasado 8 de marzo Industria y sindicatos cerraron en su totalidad el nuevo Plan del Carbón, tras resolver sus diferencias en el reparto de los fondos.

Los representantes de los trabajadores cedieron en su pretensión de crear fondos adicionales para algunas comunidades autónomas, mientras que el ministerio admitió la fórmula de reparto de los fondos propuesta por las centrales sindicales.

Esta fórmula de reparto de los fondos (2.880 millones de euros) se basa en un 70% en el empleo que se va a perder en los seis años de vigencia del plan, en un 20% en el que se perdió en el plan anterior y en un 10% en la tasa de paro de la región, aunque estos criterios se aplicarán de forma paulatina.

Asimismo, el pasado miércoles, 22 de marzo, CCOO y UGT alcanzaron un acuerdo con Carbounión por el que la patronal se comprometió a revisar anualmente los salarios de los trabajadores en función del IPC.