Rodríguez Pueyo que permanece en el centro penitenciario Sevilla-1, compartiendo prisión con el dueño del Arny, Carlos Saldaña, y su socio, José Antonio González, está imputado en el caso por grabar presuntamente los vídeos pornográficos en su apartamento de la calle Betis que luego se exhibían en el pub.

El presunto estafador presentó esta semana una denuncia contra la titular del juzgado de instrucción nº 13 de Sevilla, María Auxiliadora Echavarri, la fiscal del caso, Marta Valcárcel, y dos policías judiciales, po considerar que permitieron la prostitución de menores desde que tuvieron confirmados los hechos en febrero de 1995 hasta octubre de ese año en el que se decretó el precinto del local.

Rodríguez Pueyo ha extendido hoy la denuncia al fiscal jefe de Sevilla alegando que Alfredo Flores también conoció los hechos y permitió que se produjeran durante esos siete meses, por lo que puede ser responsable de los hechos como "superior jerárquico" de la fiscal. La denuncia provocó que su abogado defensor abandonaa a su cliente, por lo que la jueza ha instado hoy al imputado a que designe otro letrado en un plazo de 24 horas ya que, en caso contrario, deberá designarle uno de oficio.

Por su parte, el dueño de los clubs "27" y "Valentino", Manuel Ibañez, ha remitido hoy un comunicado a los medios de comunicación en el que califica el caso Arny como una "caza de homosexuales" donde se condena a los imputados antes de ser juzgados. Ibañez está autorizado por la juez instructora a permanecer en la enfermería de laprisión ante las amenazas de muerte recibidas desde que ingresó en la cárcel Sevilla-1.