Tanto el representante de Pesca Galicia, Juan Tovío, como Jesús Etchevers, representante de Arpesco, y el representante de Arposol, José Ramón Fuertes, coincidieron en la necesidad de revisar las condiciones del tratado de adhesión a las que está sometida la flota española en áreas comunitarias.

Estos representantes denunciaron que la pesca española está sometida a un período transitorio excesivamente largo y duro con respecto a las condiciones del resto de los estados comunitarios.

undamentalmente criticaron la obligatoriedad de someterse a programas de pesca que imponen fechas rígidas, siendo obligatorio notificar a veces con un trimestre de antelación fechas de entradas y salidas de los casi 170 barcos gallegos que faenan en caladeros de la CE.

Asimismo, denunciaron el mantenimiento de zonas de veda por razones no biológicas, sino políticas, como ocurre en el caso de Irlanda, la limitación en las capturas fijadas y el acceso a determinadas zonas, así como la existencia de un rglamento de sanciones específico para España.

Los armardores quieren que se aproveche la posibilidad que prevé el tratado de adhesión de España a la CE de introducir modificaciones en esta materia antes de 1996 y proponen presiones políticas ante la CE.

En este sentido, los armadores gallegos incluso estiman aceptable el veto español a la incorporación de estados como Noruega si no se eliminan las discriminaciones pesqueras que afectan a España en general y a Galicia en particular.

Por su pate, el Ejecutivo de Fraga se pronunció hoy en favor de reclamar la revisión del tratado de adhesión en materia pesquera y el Grupo Popular propuso en el Parlamenteo gallego la creación de una comisión especial para estudiar la reforma de la política pesquera comunitaria.

Por esta comisión, explicaron, desfilarán desde hoy todos los colectivos vinculados al sector, para elaborar un dictamen que será elevado después a las autoridades estatales y comunitarias.