La "Operación Chamatín" se remonta a 1993 cuando se resolvió el concurso público para el plan urbanístico de la prolongación del Paseo de la Castellana para actuar sobre 625.000 metros cuadrados propiedad de Renfe. Posteriormente, en 1996 se planteó aumentar la operación a 1,3 millones de metros cuadrados más del recinto ferroviario de Fuencarral.

En un comunicado difundido hoy por el Ministerio de Fomento, Arias Salgado afirma que esa operación "supondrá para el pueblo de Madrid una inversión aproximada en infraestructras y equipamientos de 150.000 millones de pesetas, financiadas por la iniciativa privada y sin cargo para los ciudadanos".

Añadió que "la reforma del derecho de reversión regulada por el Gobierno tiene como finalidad, precisamente, evitar la especulación urbanística y abaratar los costes del suelo urbanizado", y subrayó también que "trata de evitar actuaciones puramente especulativas como la que en la Operación Chamartín ha planteado algún ex concejal del PSOE encargado del urbanismo".

El ministo aseguró que "la Operación Chamartín se ha tramitado, toda ella, con arreglo a la más absoluta legalidad". Sobre el cambio de la concesión que en su momento otorgó el Gobierno del PSOE "debe resaltarse", según el ministro, "que se obtuvieron condiciones mucho más favorables para Renfe y para el pueblo de Madrid que las de preveía la concesión socialista y cuenta con informes claramente favorables emitidos tanto por los servicios jurídicos del Estado, como por prestigiosos catedráticos a petición de ambas artes".

"Diario 16" publica hoy una información según la cual el presidente de Renfe, Miguel Corsini, ocultó en 1997 al consejo de administración dos informes, uno del Ministerio de Transportes y otro de la compañía, que desaconsejaban la prórroga y ampliación del contrato con Argentaria para la "Operación Chamartín". El grupo bancario, según "Diario 16", logró ese negocio de un billón de pesetas gracias a la mediación de Ricardo Egea, ex socio del ministro Arias Salgado.