De esta manera, Arias Salgado cerró la puerta a las peticiones de Telefónica para permitirle incrementos de tarifas en las llamadas locales, con los que cubrir el déficit que asegura que aún mantiene en este servicio.

Arias-Salgado señaló, tras recibir el informe anual sobre el sector que hace la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que "sólo falta prporcionar a Telefónica un marco para que pueda mover sus precios".

La idea del Ministerio de Fomento es impedir que Telefónica tenga plena libertad para subir los precios en el segmento del mercado que todavía monopoliza, el de las llamadas locales.

Para que Telefónica pueda mover sus tarifas sin tener necesidad de autorizaciones, se está trabajando en una cesta de precios según los patrones de consumo que el Gobierno determinará en su momento, y que permitirá firjar un márgen de maniobra a la opradora dominante.

El ministro explicó que, debido a la rápida liberalización del sector en España, el reequilibrio de tarifas de Telefónica se ha hecho "sin una auténtica auditoría de costes de la operadora, que ahora es ya responsabilidad de la CMT determinar".

"Si surgieran costes ocultos como consecuencia de los trabajos de contabilidad analítica que están haciendo la Comisión y Telefónica", añadió el responsable de Fomento, "se analizarían de acuerdo con la Comisión Europea", para ver la posiilidad de reflejarlos en el sistema de precios vigente para el operador dominante.

Las tarifas de Telefónica que acaban de entrar en vigor suponen una rebaja del 6,5% en los servicios provinciales, del 10,56% en los interprovinciales y del 6,19% en los internacionales, según la orden ministerial de medidas contra la inflación publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

TELEFONO PARA TODOS

El resto de las medidas anunciadas por Arias-Salgado para lo que queda de año son varias ordenes minsteriales entre las que figuran dos que deben regular los requisitos de calidad exigibles al servicio telefónico en un mercado de competencia abierta, y el desarrollo del denominado servicio universal, es decir, la oferta mínima que debe garantizarse a todos los ciudadanos.

Dicha orden ministerial deberá incluir, por tanto, los criterios que deben favorecer el caracter asequible del servicio universal, como una oferta suficiente de teléfonos públicos en todas las poblaciones, las garantías de acceso a servicio por parte de los colectivos sociales desfavorecidos, como los discapacitados, la obligación de dar servicio público y la calidad mínima que deberá reunir el servicio universal.

También estan previstas para la segunda mitad del año normativas que regulen las guías telefónicas en un mercado con más servicios como la telefonía móvil, la convocatoria de concursos para adjudicar nuevas licencias de servicios móviles de última generación, y una normativa sobre derechos de los usuarios, entre otras