Esta misiva "es absolutamente criticable desde los puntos de vista político, económico y jurídico; es la plasmación por escrito de un nacionalismo económico de la peor especie y la defensa a ultranza de una normativa contraria al derecho comunitario y a la Constitución Española", afirmó Arias Cañete en rueda de prensa.

Aseguró que el ministro "falta de nuevo a la verdad" en la carta cuando asegura que los criterios para denegar la autorización de la CNE a una OPA "no se relacionan en absoluto con los establecidos en la Ley 5/1995", ya que, argumentó el responsable económico del PP, según afirma el catedrático de Derecho Administrativo Juan Ramón Fernández en un artículo, "el contenido de los controles y las eventuales causas de derogación de las autorizaciones del Real Decreto Ley 4/2006 eran idénticos a la Ley 5/95 de la Acción de Oro".

Arias Cañete añadió que basta considerar "que los apartados 2, letra a), b), c) y d) del decreto ley, llamémosle 'anti E.On', son exactamente coincidentes con los artículos 5.1, 5.3c), 5.2d) y 5.3b) de la Ley 5/1995".

El portavoz popular justificó haber recurrido a un experto para que Montilla no le acusara de "mala fe", como hizo el pasado jueves tras la convalidación del real decreto ley en una comparecencia ante los medios en el Congreso, y añadió Arias Cañete que este catedrático "algo más de Derecho Administrativo sabrá que el bachiller Montilla".

DECRETO LEY INNECESARIO

El PP considera que el real decreto ley es "innecesario" para garantizar la seguridad y regularidad de los abastecimientos y el suministro energético, porque la legislación española es totalmente garantista y confiere al Gobierno hasta la capacidad de intervenir una compañía de gas o electricidad si hubiera peligro de falta de suministro.

"Por lo tanto, si cualquier empresa de la UE compra una empresa española se le aplica el ordenamiento jurídico español", recordó Arias Cañete.

Para el PP, esta es "una ley innecesaria, es una ley anticomunitaria, contraria al derecho constitucional, y el PP, en las próximas semanas, presentará el recurso" ante el Tribunal Constitucional.

Si hace esta norma el Gobierno, aseguró Arias Cañete, "es pura, simple y llanamente para impedir una operación mercantil en curso, y eso afecta al derecho comunitario, eso afecta a la Constitución Española y eso pone de manifiesto que en esta operación no subyace la defensa del interés general, sino de intereses políticos particulares del señor Montilla".