El pasado miércoles, Rafael G.M. y su esposa María José acudieron a la junta municipal del distrito donde viven para tramitar su empadronamiento en la capital. Para ello era necesario que rellenasen un formulario con diversos datos.

Ante su incapacidad para realizar ese trámite, el matrimonio solicitó a la funcionaria que en esos momentos atendía el servicio de información que escribiese en el formulaio los datos requeridos, a lo que ésta se opuso, argumentando que las ordenanzas municipales no le obligan a realizar ese trabajo, que, por otra parte, le había prohibido su superior.

Según el relato del matrimonio, tras recibir esta contestación pidieron hablar con un responsable de la junta y fueron atendidos por el jefe de la Oficina Municipal del distrito, Antonio Royo, quien les reiteró que la funcionaria no tenía la obligación de rellenarles el formulario y les remitió a los servicios sociales d la junta.

Por su parte, Royo excusó el incidente diciendo que el matrimonio de invidentes no mostraba signos externos que hicieran suponer su incapacidad y añadió que la funcionaria "se tomó al pie de la letra" las instrucciones de sus superiores, que le indicaron que su misión se limitaba a facilitar información.

El jefe de la oficina municipal explicó a Servimedia que aunque es cierto que las ordenanzas no contemplan esas situaciones, "ni puedes obligar a un funcionario a ello, los empleados d la junta siempre hacen un favor a cualquier persona, con o sin incapacidad, que se lo requiera".

"Lo que no tenemos en los servicios administrativos son personas para rellenar instancias, pero en estos casos el criterio que se sigue es hacer los favores que podamos", dijo.

Antonio Royo añadió que les remitió a los servicios sociales porque son los encargados de atender a las personas que tengan cualquier limitación social, como los toxicómanos o ancianos.