En un auto, hecho público hoy, Garzón subraya que "existen argumentos bastantes y lo suficintemente sólidos para mantener una postura radicalmente opuesta a la postura del fiscal".

El juez se declara competente para continuar con la investigación, ratifica todos los autos de prisión e imputación dictados hasta la fecha en esta causa y mantiene las órdenes de detención internacional libradas contra los militares argentinos que protagonizaron la represión, entre ellos el comandante en jefe Emilio Eduardo Massera y el general Leopoldo Galtieri.

Garzón hace un recorrido por los delitos de errorismo, genocidio y tortura para intentar demostrar que todos ellos fueron cometidos durante la dictadura argentina y pueden ser investigados por la Justicia española.

Sobre el genocidio, apunta que es "la violación más grave de los derechos del hombre que es posible cometer" e insiste en que debe perseguirse desde toda la Comunidad Internacional "sin que presiones políticas de ningún estamento o gobierno puedan abrir la puerta de la impunidad".

MODELO HITLERIANO

Garzón insiste en que los ditadores argentinos, siguiendo en muchas ocasiones el modelo hitleriano, elaboraron un plan de "eliminación selectiva" y para ello optaron por eliminar determinada clase de personas, es decir, "todos aquellos que, según la jerarquía dominante, no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad".

Con este razonamiento, el juez pretende demostrar que se trató del intento de erradicación sistemática de un grupo ideológico y dice que la conducta de las Juntas Militares "estuvo giada por la finalidad de la destrucción de personas de una determinada ideología por su mera pertenencia a tal grupo ideológico".

Por todo esto, considera que "la jurisdicción española para entender, investigar y enjuiciar el delito de genocidio está fuera de toda duda".

"No es defendible con mínima seriedad el argumento que utiliza el ministerio fiscal (...) de que el Convenio de Prevención y represión del Genocidio excluye la persecución y enjuiciamiento del genocidio fuera del país donde se coete", finaliza Garzón.

DESCONOCIMIENTO DEL FISCAL

Respecto al terrorismo, el juez critica duramente al fiscal, que entiende que no puede considerarse organización toda la estructura militar argentina responsable de la represión. Para Garzón, esto "desvela el desconocimiento de la causa y de la historia".

El juez insiste en que los hechos investigados puden integrar el delito de terrorismo "practicado desde el Estado, con medios del Estado y empleando para la ejecución a militares, personal civi, organizaciones terroristas y grupos armados".

Finalmente, apunta que las leyes de punto final y obediencia debida no comprenden los hechos de genocidio ni terrorismo y que no pueden vincular a la justicia española, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico están prohibidos los indultos generales.

Garzón apunta que en este sumario también se investiga la presencia de entre 3 y 5 niños procedentes de los desaparecidos en Argentina (recién nacidos arrebatados a sus familias), así como datos refeidos a dinero que salió de Argentina entre los años 1976 y 1978 con destino a España y en Suiza, entre otros países.

"RECTOSCOPIO"

Garzón hace referencia en su auto a las terroríficas narraciones que han realizado en su juzgado varios de los torturados en Argentina, para apoyar la continuación de la investigación.

Una niña de 14 años declaró haber sido violada por un guardia: "Debido a una operación de tabique nasal no podía respirar por la nariz, sino sólo por la boca. El guardia civil colocó ntonces su pene en mi boca. Comenzé a gritar y se despertaron todos, lo que obligó al guardia a dejarme...".

Además, algunos de los interrogados apuntaron que, con los judíos eran especialmente maltratados y se utilizaba con ellos el sistema denominado como "rectoscopio", consistente en "la introducción de un tubo metálico en el ano o vagina de la víctima y una vez dentro intruducir en el mismo una rata. El roedor, al buscar la salida, muerde y destroza los órganos internos de la víctima".

Ante eta decisión del juez, la Fiscalía recurrirá, manteniendo su posición en contra de la instrucción del juez Garzón, por lo que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya ha anunciado que se reunirá en Pleno, la que decida finalmente si la justicia española tiene o no competencia para instruir este sumario.