La UPF presentó a finales de 1996 ante la Audiencia Nacional una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido cuando gobernaban el país.

Castresana afirmó que ls matanzas y secuestros de personas españolas ocurrieron a partir del año 76 y que las declaraciones de Astiz demuestran que los militares argentinos conocían estas prácticas, y que "no es posible poner punto final ni la reconciliación con gente que no demuestra ninguna voluntad de arrepentimiento".

"En la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar donde trabajaba Astiz, secuestraron a españoles que fueron arrojados al mar en los denominados vuelos de la muerte, y Astiz es uno de los principales inculpads en el proceso español", indicó el portavoz.

Por todo esto, Castresana no entiende la actitud adoptada por el fiscal general del Estado de considerar a la justicia española competente para investigar los crímenes de Chile a partir del año 85, ya que, en opinión de la UPF, Jesús Cardenal "no ha contemplado la aplicabilidad de los acuerdos internacionales adoptados por España y que le obliga a perseguir los crímenes de guerra".

A su juicio, "todos estos crímenes ocurridos en Argentina y Chile debe ser perseguidos, y no como estima el fiscal general del Estado, que cree que solo a partir del 85, cuando entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se deben investigar los asesinatos ocurridos en estos paises".