Según informaron a Servimedia fuentes judiciales, los 8 agentes -entre policías y guardias civiles- que investigan el caso, han reclamado un local independiente dentro de la Audiencia Nacional, así como dos vehículos con los que poder desplazarse por toda España.

Esta investigación se realiza dentro del sumario que instruye Garzón sobrela desaparición de unos 300 españoles, y en el que el magistrado ya ha imputado en el caso a más de 70 ciudadanos argentinos, sobre todo militares.

En este sentido, el magistrado, en un auto del 17 de diciembre comunicado la semana pasada a las partes, ha declarado secreta la parte del sumario referida a la localización de posibles descendientes de españoles que desaparecieron bajo el régimen militar argentino.

En este auto, Garzón declara secreto "todo lo que se refiere a la búsqueda, localizacin y contrastación de identidades de personas desparecidas que se hallaren en España".

El pasado mes de septiembre, el magistrado acordó enviar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales argentinas para que faciliten la relación de los españoles asesinados y desaparecidos en este país entre 1973 y 1986.

Entre las 70 personas que Garzón considera como presuntos responsables se encuentran el comisario general de Buenos Aires, varios coroneles y otros militares.